El pleno del Ayuntamiento de Galdakao ha aprobado, con los votos a favor de PSE-EE, GB-IU, PP y EA, y con el voto contrario de EAJ-PNV, la moción presentada por la agrupación socialista local para reclamar al Departamento de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia “la confección, en un plazo máximo de un mes, del proyecto de puesta en marcha de la lanzadera desde Galdakao, con escalas en los barrios que recorra, hasta el metro de Etxebarri como destino final”. Esta moción, una vez aprobada, será trasladada al órgano foral para que decida sobre su puesta en marcha o no.El PSE-EE ha justificado la presentación de esta moción en el hecho de que “la llegada del metro de Etxebarri crea en los vecinos de Galdakao la esperanza de establecer una conexión rápida y gratuita con este servicio que acercaría Galdakao al área metropolitana del Gran Bilbao desde un concepto público de movilidad moderno”.
El portavoz de EAJ-PNV, Justo Iraurgi, ha subrayado “los datos objetivos aportados por dos consultoras independientes, a instancias de los estudios encargados desde la propia Diputación” para recalcar que “el establecimiento de una lanzadera hasta Etxebarri no mejoraría la movilidad de los galdakoztarras hacia el Gran Bilbao y tendría un elevado déficit. El ahorro de tiempo sería escaso y tendría un costo de unos 150 millones de las antiguas pesetas si el autobús sale cada quince minutos. De este montante, el Ayuntamiento tendría que aportar cada año 110 millones, teniendo en cuenta que los ingresos sólo cubren entre el 40-30% de ese coste”.
Iraurgi recriminó también a EA su decisión de apoyar esta moción cuando evitó en un reciente debate en las JJ. GG. de Bizkaia que saliera adelante, “con el voto contrario de su juntero precisamente galdakoztarra”, que la Diputación dotara presupuestariamente impulsar una iniciativa como ésta. Votan a favor aquí, en Galdakao, y en Juntas, donde es la última instancia para hacerlo posible, dicen que no. Eso es lamentable”.
EA, PP y GB-IU reclamaron la necesidad de este servicio atendiendo a “la demanda de la gente, que no puede medirse en términos de rentabilidad. Si fuese rentable, ya habría una empresa que se hiciera cargo de ella, pero como no es así es la institución la que tiene que asumir ese coste”, subrayó la portavoz del PP, Nerea Llanos.